Colocan un grillete electrónico a un abogado que estafó con miles de pesos a procesados con promesas de gestionar con fiscales reducción de penas.

Santo Domingo Este.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este  sometió a un abogado que presuntamente se dedicaba a estafar a  procesados, solicitando altas sumas de dinero con la promesa de gestionar una reducción en la pena, mediante supuestos contactos con fiscales.
Se trata de Roberto Castillo María, a quien le fue impuesta la colocación de localizador electrónico o grillete, presentación periódica y garantía económica de RD$500 mil pesos, luego de que el Ministerio Público lograra demostrar la vinculación del imputado en torno a la violación de los artículos 33, 42, 147, 148, 177, 179 y 405 del Código Penal Dominicano, que castigan la estafa, el cohecho y la falsedad; así como la violación a la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley 155-17).
De acuerdo al expediente instrumentado por el Ministerio Público, Castillo María prometía a sus clientes que obtendría reducciones de condenas a través de contactos que tenía con fiscales coordinadores. Incluso lograba convencer a procesados de los cuales no fungía como defensa técnica, para que le entregaran dinero para realizar la gestión.

En Ministerio Público presentó conversaciones de mensajería instantánea (WhatsApp), que fueron entregadas de manera voluntaria en el curso de la investigación. En las conversaciones se observa como Roberto Castillo María utilizaba el mismo modo de operación con cada imputado.
Dos de los estafados, Cesar Argelis Quezada Carvajal (alias Jordan) y Oscar Gutiérrez Rodríguez, entregaron RD$300, 000.00 y  RD$150,000.00, respectivamente, mediante depósito bancario; dinero con el que el abogado Catillo María sobornaría a los fiscales para obtener decisiones favorables. Sin embargo, ambos procesados fueron condenados a 20 años de prisión. Quezada Carvajal por homicidio voluntario y Oscar Gutiérrez Rodríguez por narcotráfico, según consta en el expediente.
El abogado no podrá salir del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, deberá presentante ante el fiscal investigador los días 30 de cada mes y tampoco podrá salir del país sin orden judicial, como dispuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.