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Agricultura lanza certificación sanitaria EPHYTO que facilitará exportación e importación de productos comestibles



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Santo Domingo.- El ministro de Agricultura, Limber Cruz, anunció hoy la ejecución del certificado fitosanitario electrónico (ePhyto/GeNs) en la República Dominicana, un gran paso de avance del gobierno del presidente Luis Abinader como forma de optimizar la seguridad de las comunicaciones oficiales entre los países, mejorando así el flujo comercial por puertos y aeropuertos. 

 

Esta certificación sanitaria digital prioriza las actividades de apoyo al sector exportador e importador. EPhyto permite agilizar los trámites requeridos para la importación  y exportación de productos vegetales. 

 

El Departamento de Sanidad Vegetal de Agricultura es el órgano ejecutor de esta medida. 

 

Rosa Lazala, directora de este departamento manifestó que el Gobierno dominicano asumió el compromiso de adoptar el Sistema de Certificación Electrónica ePhyto GeNS, en respuesta a los estándares del comercio mundial y resaltó que se cuenta con el personal técnico capacitado, lo que asegura un trabajo de manera eficiente. 

 

En ese mismo orden, exhortó a todos los sectores involucrados en las actividades de exportación e importación a tener confianza en el cambio a lo digital, y que a la vez se integren al uso de esta herramienta, la cual es segura, de fácil manejo y de rápida transmisión. 

 

Esta innovadora herramienta es promovida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y su programa  Trade Safe Project (TRASA), en alianza con la convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC). 

 

 Del mismo modo, el proyecto contempla una inversión aproximada de US$250,000 para integrar el ePhyto con el sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).    

 

El anuncio del certificado se realizó este jueves en el Salón Regency del Hotel Dominican Fiesta de esta ciudad, con la participación además de representes de la Dirección General de Aduanas y exportadores e importadores locales y extranjeros. 

Observatorio ciudadano de corrupción revela avances y retos para República Dominicana en la lucha anticorrupción



Santo Domingo, República Dominicana.- Las organizaciones Participación Ciudadana, FundaciónSolidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Ciudad Alternativa, como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad

Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos del informe se revela que, los ejes temáticos en los cuales se han dividido los compromisos priorizados de la Cumbre de Lima 2018, valorados de 0 a 3, siendo 0 un “no registra” y 3 la puntuación más alta, en el país, no han alcanzado una valoración media (2.0/3.0), pese a que en la mayoría de los casos existen indicadores normativos. 

El resultado señala que el menor avance ha sido en el eje sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde apenas el resultado ha sido poco más de un nivel bajo y los temas donde se registra mayor avance, carecen de algunas normativas fundamentalmente necesarias para dar total cumplimiento a los compromisos.

La gestión de gobierno que suscribió el compromiso, se caracterizó por una alta corrupción institucionalizada y daños a la justicia, donde ningún caso de corrupción de los denunciados fue objeto de sanción en los tribunales.

En términos generales, se ha dado cumplimiento parcial a los compromisos priorizados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, sin embargo, pese al principio de continuidad de Estado, el cumplimiento de gran parte de las medidas adoptadas están sujetas al gobierno de turno, reflejando una debilidad en la voluntad de institucionalizar los esfuerzos, limitando la garantía de sostenibilidad en el tiempo, lo que se traduce a que no podamos indicar aún, que los mismos, en términos prácticos, se han constituido como compromisos de Estado.

Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de:

● Disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan al Poder Judicial (Suprema

Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), dar una adecuada administración de la justicia para enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción administrativa.

● Garantizar la independencia del Ministerio Público, con un respaldo legal, en el cual se modifique la forma de designación del/a Procurador/a General de la República (PGR), la cual, hasta el momento según el artículo 171 de la constitución la realiza el presidente de la nación.

● Requerir de un régimen de consecuencias con medidas coercitivas a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 200-04 que garantiza, entre otros aspectos el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a acceder a las informaciones registradas en todo tipo de documentos.

● Disponer de una ley de protección de víctimas, testigos y denunciantes y la creación de protocolos adecuados para su ejecución.

● Reformar la Ley 340-06, en virtud de actualizar y mejorar su contenido incorporando un régimen de consecuencia, y adecuando la normativa a las necesidades de los procesos de compras y contrataciones públicas.

● Elaborar un listado de personas naturales y jurídicas que estén vinculadas a actos de corrupción, con la finalidad de evitar su contratación.

● Disponer de una ley de extinción de dominio, para que los bienes procedentes de la corrupción sean recuperados, estableciendo los mecanismos pertinentes y todas las herramientas necesarias para su aplicación y que defina la finalidad de los bienes, fondos y valores recuperados.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.

No es gobernar para mayoría, Es gobernar para todas las personas

 Por: Eudy Alberto Jiménez

Abogado, especialista en Derecho de la Administración Pública

 

 

A menudo escuchamos la – desacertada - expresión “gobernar para la mayoría”, refiriéndose a que las políticas públicas, leyes e instituciones deben garantizar derechos o beneficiar a un grupo que representa el porcentaje mayor o más grande de todo el conjunto, pero ¿Quiénes son “mayoría”?

 

“Mayoría” puede existir en distintos colectivos de diversos niveles: social, económico, racial, laboral, educativo, religioso, entre otros. Son grupos sociales que se reúnen por tener algún elemento en común, por lo que, dentro de estas variables, podrían existir diferentes “mayorías”.

 

Cuando se gobierna popularmente para “mayoría”, se excluye a numerosos grupos de la población, que son mal llamadas “minorías”, como si existieran ciudadanos de distintas categorías. Cuando el Estado y sus instituciones no reconoce derechos a grupos de la población, está legitimando clasificar a los y las ciudadanas, constituyendo una violación a la protección efectiva de sus derechos.

 

La voluntad de la mayoría en cualquier escenario de toma de decisiones no equivale a un resultado necesariamente democrático. Sé es democrático cuando las decisiones son incluyentes, en provecho de la colectividad y a favor de garantizar derechos. El proceso de votación pudo ser democrático, pero la decisión debe estar fundada en el rol que el Estado está llamado a cumplir: proteger efectivamente los derechos de todas las personas. Pues, democracia, en un sentido amplio, es la forma de convivencia social en el que todas las personas son libres e iguales y donde el Estado reconoce y garantiza la existencia de igualdad entre los y las ciudadanas.

 

A modo general, nos encontramos con mucha resistencia al dialogar sobre “inclusión” como si incluir supondría a su vez “excluir” a los que ya gozan de todos sus derechos o como si fuera una especie de robar protagonismo. Con inclusión nos referimos a todas las personas que históricamente han sido marginadas por las leyes y nuestras instituciones a gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades, a ser tratados de forma igualitaria y equitativa, y a obtener el debido respeto a su dignidad.

 

Por décadas, barreras culturales y educativas han incidido en la resistencia a que los seres humanos se perfeccionen en un marco de libertad y justicia social. Perpetuar la exclusión de grupos de la sociedad aumenta y afianza las desigualdades e inequidades. La diversidad es la expresión plural de las diferencias; diferencias no traducidas en negación, discriminación o exclusión, sino en reconocimiento de otros – distintos – a – mi como partes de una misma entidad colectiva que nos incluye.

 

En referidas ocasiones, las personas utilizan el término “verdadera inclusión”, haciendo alusión a un grupo poblacional específico en beneficio de sus derechos. Sin embargo, es más bien utilizado como forma de restar importancia a otras personas que buscan ser incluidas en las políticas públicas del Estado y con ello respondo, de la misma forma que respondió Íñigo Errejón: “Las movilizaciones no compiten, al revés, se dan ánimo las unas a las otras”. Además, ¿con cuál parámetro se define cuál lucha tiene mas importancia?, y es que se puede ser empático por distintas luchas a la vez. 

 

Las personas tienen libertad de pensar y actuar en base a su convicción, pero no a restringir o a limitar derechos. Intentar invisibilizar o restar importancia a otras personas o grupos de la sociedad genera aún mayores razones, de que se debe luchar por conquistar espacios y por tener un gobierno democrático y representativo en el que todas las personas, sin importar su religión, raza, orientación sexual, así como cualquier otra denominación, se sientan representadas.

 

Cada generación ha protagonizado una serie de luchas para reivindicar derechos y esta no es la excepción. No somos una sociedad silente, que no cuestiona, sino una sociedad en constante reflexión, que apuesta a transformarse en una de derechos, donde las y los ciudadanos no son súbditos, ni sujetos inertes.

 

No hay personas más importantes que otras. Ni existe una lucha o movilización que sea más significativa. Tampoco existen ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría; somos justamente una sociedad en razón de aquello que nos hace diferentes, pero ante la ley “iguales”, donde las personas son el centro de las políticas públicas. Por ello, el propósito del Estado es precisamente organizarse por y para las personas, por lo que la falta de instrumentos no puede ser una excusa para no garantizar derechos. El Estado debe ser un ente activo y proactivo en la garantía de los derechos – no de la mayoría – sino de todas las personas.

Con motivo al Día del Agrónomo, Gobierno otorga pensiones especiales a 171 profesionales agropecuarios

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, otorgó mediante decreto 621-21 pensiones especiales del Estado dominicano a 171 profesionales agrónomos, a quienes reconoció por sus arduas labores y aportes a la seguridad alimentaria del país. 

 

En ese sentido, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, saludó la disposición del mandatario como parte de su compromiso con desarrollo del sector agropecuario y mejorar la calidad de vida de los que entregan su tiempo y esfuerzo para producir alimentos.   

 

El decreto fue emitido con motivo a la conmemoración este 4 de octubre del Día Nacional del Agrónomo. Cruz felicitó a los agrónomos en su día, al considerar que “han sabido hacer parir sostenidamente la tierra y alimentar a la humanidad”.   

 

Los agrónomos pensionados pertenecen Ministerio de Agricultura, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Dirección General de Ganadería.  


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COLLADO DICE TURISMO RECUPERA MÁS DE 80 MIL EMPLEOS


El sector de hotel, bares y restaurantes crece más de un 26 por ciento de enero-agosto.

 

SANTO DOMINGO.-La industria  turística continúa recuperándose de manera sostenida y sólo el sector hoteles, bares y restaurantes creció un 26.6% en el período enero-agosto, el doble del promedio de la economía. 

 

Así lo expresó el ministro de Turismo, David Collado, quien recordó que ese sector fue el más afectado por la Pandemia, pero ya ha venido recuperándose como resultado de las estrategias implementadas por el Gabinete de Turismo  y el proceso de apertura mundial. 

 

Manifestó que ese crecimiento es también consistente con la recuperación de empleos formales del sector, en las compras a otros sectores y el pago de impuestos. 

 

“El turismo es un sector diverso, conformado por empresas de todos los tamaños perteneciendo a diferentes subsectores, incluyendo hospedaje, restauración, agencias de viaje y tour operadores, líneas aéreas, aeropuertos, gift shops y actividades de diversión”, señaló Collado al ser entrevistado por periodistas.

 

Al analizar los empleos de cada uno de estos subsectores, podemos observar que se ha recuperado más del 86% del empleo pre-pandemia, expresó el funcionario.

 

“Por ejemplo, las actividades de hospedajes que registraban casi 93,000 empleados formales, ya en agosto 2021 tienen 80,000 empleados activos, es decir un 83%, y un incremento de un 104% respecto a agosto 2020”, reveló.

 

Lo mismo, según dijo, ha sucedido con otros sectores, como las agencias de viaje y tour operadores que han crecido sus empleos formales un 70% respecto a agosto 2020.  

 

Afirmó que ese desempeño es importante para las zonas turísticas, dónde 1 de cada 3 empleos formales es generado por la llamada industria sin chimenea.

 

Recordó que las actividades turísticas aportaron también a las arcas del Estado, un valor de RD$3,335.4 millones, apoyando la recuperación de las cuentas fiscales. De este aporte el 58% corresponde al ITBIS.  En adición,  el sector generó en agosto compras a otros sectores superiores a RD$14,000 millones, lo que es un derrame económico importante.  

El Ministerio Público investiga crimen voluntario de la arquitecta Massiel Rosado Marte


SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).-El Ministerio Público investiga las circunstancias en la que se produjo la muerte de la arquitecta Massiel Rosado Marte, en Boca Chica, bajo la premisa de que se trató de un crimen voluntario por el que solicitará medida de coerción en las próximas horas.



Las imputaciones contra el cabo policial Janli Disla Batista se presentarán en las próximas horas ante un juez de la Atención Permanente, adelantó Milcíades Guzmán Leonardo, fiscal titular de esta demarcación.


“Aunque vemos que se han avanzado versiones, el Ministerio Público mantiene una investigación en la que recaba pruebas sobre los hechos que apuntan a un crimen voluntario, con el fin de analizar a fondo las posibles causas de este lamentable hecho de violencia que tiene todas las características de tratarse de un crimen voluntario”, dijo Guzmán Leonardo.


Indicó que las investigaciones y el análisis al cadáver de la víctima por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) serán elementos clave que arrojarán más detalles sobre el lamentable hecho de sangre.


Sin embargo, adelantó que las evidencias recabadas hasta el momento muestran una persecución, así como disparos totalmente incompatibles con un hecho involuntario, como señala una versión que circula desde tempranas horas de este domingo.


Guzmán Leonardo y un equipo de fiscales investigan el caso que tiene toda la atención y seguimiento de la gestión de la Procuraduría General de la República que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito.

 

La Pepca: defensa de Roberto Rodríguez Hernández fue pobre y parca en el juicio Odebrecht


Fiscal Mirna Ortiz resalta que el imputado no respondió a ninguno de los planteamientos del Ministerio Público

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La fiscal Mirna Ortiz reprobó este lunes el discurso de clausura de la defensa del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, durante el juicio en su contra por los sobornos de la constructora Odebrecht, al señalar “que fue bastante pobre y parco” y que no dio respuesta a cuestiones de trascendencia planteadas en la acusación del Ministerio Público.

 

La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) manifestó que la defensa no dio explicaciones a puntos nodales de la acusación, como es la omisión de bienes en su declaración jurada de patrimonio.

 

“No dio explicaciones sobre el cheque recibido por su cuñada de manos de Ángel Rondón y esperábamos que estos fueran los temas que se trataran en la clausura; sin embargo, su alegato no da respuesta ninguna de estas cuestiones planteadas de manera clara y precisa en la acusación, por lo que la acusación sigue con todas sus fuerzas”, recalcó la fiscal.

 

“La defensa de Roberto Rodríguez fue bastante pobre en sus alegatos de clausura; tanto así que iniciada después de las 9:00 de la mañana la audiencia -fruto de que no estaban preparados a las 9:00 de la mañana para iniciar- concluimos y todavía no es el mediodía”, añadió.

 

La fiscal Mirna Ortiz habló en esos términos ante interrogantes de periodistas de diversos medios de comunicación que la entrevistaron a su salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras la suspensión del juicio hasta este martes 14 de septiembre.

 

Insistió en que lo que planteó la defensa fue un discurso “muy pobre y parco” y que “para nada destruye la imputación que el Ministerio Público ha hecho”. 

 

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo escucharon este lunes a la defensa de Rodríguez Hernández, la cual concluyó este mismo lunes, aunque disponía hasta este martes para presentar sus alegatos respecto a la acusación por su vinculación a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht a cambio de ser favorecida con la adjudicación de contratos de obras en el país.

 

El Ministerio Público le atribuye al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas, además de lavado de activos producto de infracciones graves. 

 

En la acusación, el Ministerio Público señala, entre otras imputaciones, que la multinacional brasileña entregó sobornos para lograr la adjudicación de 16 obras, entre ellas, la construcción del acueducto de la Línea Noroeste, para la cual Rodríguez Hernández firmó un contrato dolosa e ilegítimamente, violando todos los procesos administrativos.

 

Además de Rodríguez Hernández, el proceso se lleva contra los coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Inapa y exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.

 

El Ministerio Público señala en el expediente acusatorio que pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a favor de los imputados, quienes presentaron un incremento patrimonial injustificado, “es decir, se enriquecieron ilícitamente y luego colocaron, ocultaron e integraron esos recursos ilícitos a la economía formal”. 

 

En la etapa final del proceso, el Ministerio Público fue el primero en exponer en audiencias anteriores, pidiendo al tribunal en su discurso de cierre la imposición de penas de 10, siete y cinco años de prisión para los imputados. También, que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

 

El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta este martes 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que está prevista que inicie con su discurso de cierre la defensa del imputado Conrado Pittaluga Arzeno.