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JOSEFA CASTILLO PROCLAMA DERECHOS DE USUARIOS AHORA SERÁN PROTEGIDOS CON NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SIS

 


 

La Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, dejó inaugurado un moderno Centro de Atención al Usuario, con la que proclamó que los derechos de los usuarios serán protegidos.

 

Durante las palabras del acto de inauguración, la funcionaria explicó que la creación del nuevo centro era uno de sus objetivos de gestión, porque el mismo es una necesidad dentro de las responsabilidades que le manda la ley 146-02 sobre seguros y fianzas de la República Dominicana, que no sólo es regular y supervisar al sector asegurador, sino también, la de proteger a los usuarios del seguro.

 

Josefa Castillo dijo que ante la situación de que los usuarios no contaban con un lugar físico particular y especializado como el inaugurado Centro, desde que asumió la dirección de esa institución, muchos usuarios han sido atendidos, en los Departamentos Jurídico, Liquidación de Compañías, Expedición de Licencias, Certificaciones, Dirección Técnica y de Inspección y la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, aumentando progresivamente las atenciones a los ciudadanos. 


Señaló que Incluso, en muchos casos se realizaron conciliaciones y acuerdo para la solución de diversos casos. 

 

La Superintendente de Seguros precisó que, pese a las limitaciones de recursos, puso todo el empeño y voluntad para dejar inaugurado el Centro de Atención al Usuario, donde explicó que los ciudadanos al fin tendrán un lugar donde recibir atenciones, orientaciones, quejas y denuncias, con un personal debidamente preparado para manejar casos y a la vez tramitar las soluciones a través de los departamentos correspondientes.

 

“Soluciones hasta donde la Ley nos lo permite, cumpliendo por igual el interés del Señor presidente de la República, Luis Abinader, de que las instituciones del gobierno brinden un servicio humanizado a todos los ciudadanos, sin distinción, ni privilegios”. Resaltó.

 

Expresó su satisfacción por lograr lo prometido de dejar en funcionamiento el Centro de Atención al Usuario, dentro del programa de celebraciones de actividades de la Semana del Seguro. Reiteró que el Centro será un “lugar de defensión y protección de los derechos a los usuarios”.

 

En la actividad, la funcionaria estuvo acompañada del Intendente de Seguros, Francisco Campos Álvarez, de los directores y encargados de esa institución.

 

Además de James García y Miguel VIllaman, presidente y presidente ejecutivo de CADOAR, , Carolina Pichardo, presidente de la Junta Consultiva de Seguros, Zaide Alba Cavagliano y Nicole Toribio, presidente y directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, respectivamente, Luis Tomas López Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Seguro, José Antonio de los Santos, presidente de la Asociación de Tasadores Independientes de Seguros y Milcíades Suazo, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Corredores y Ajustadores de Seguros (SODOCASE).

 

El Centro de Atención al Usuario está ubicado en el lateral exterior derecho de la sede de la Superintendencia de Seguros. El personal designado en el nuevo centro son Larissa Llibre Tejada, encargada, Anner Victoriano, coordinador, y el personal de apoyo técnico Francis Daniel Arias de los Santos, Cristopher Sepúlveda de León y Laura María Suncar Díaz. 

Pepca: la unión armónica de todas las pruebas concluirá con una condena para cada uno de los imputados del Caso Odebrecht

 



La fiscal Mirna Ortiz destaca la incorporación de otras 150 pruebas contra Roberto Rodríguez y 45 contra Tommy Galán

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó que continúa en constante avance en la incorporación de sus pruebas documentales en contra de los seis acusados del Caso Odebrecht procesados por enriquecerse ilícitamente e incurrir en delitos de corrupción y lavado de activos.


La fiscal Mirna Ortiz dijo que el Ministerio Público sigue incorporando las pruebas contenidas en la acusación, destacando la admisión de otras 150 evidencias contra el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Juan Roberto Rodríguez Hernández y 45 en contra del exsenador por San Cristóbal Tommy Alberto Galán Grullón.

 

Las pruebas son presentadas en el juicio de fondo que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Galán Grullón y Rodríguez Hernández, enjuiciados por los US$92 millones que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para sobornar a funcionarios que favorecieron a la empresa con la adjudicación de contratos de obras del Estado.


“Ya solo restan por incorporar las pruebas por lectura o estipulación del imputado Conrado Pittaluga”, dijo, tras indicar que esas pruebas serán incorporadas en la audiencia del próximo jueves, para concluir con la presentación de las evidencias individuales.


Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, explicó que posteriormente las defensas de los imputados iniciarán con la presentación de sus pruebas.


“El Ministerio Público con la incorporación de cada prueba da un paso adelante que corrobora la teoría del caso que venimos planteando desde el primer momento y ya en los alegatos finales ustedes van a ver la unión armónica de todas estas pruebas que, indiscutiblemente, concluirá con una condena para cada uno de los imputados”, destacó.


Ortiz se refirió al avance del proceso judicial al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal, luego que la audiencia fuera suspendida hasta el próximo jueves 13 mayo, a las 9:00 de la mañana.


Al ser cuestionada sobre las críticas de los abogados defensores de los imputados a las pruebas, manifestó: “las defensas restan méritos. Sin embargo, hacen una objeción a cada una de las pruebas que presentamos…”


“Si las pruebas no tuvieran méritos; entonces, para qué la objetan”, añadió.


“Si objetan las pruebas es para tratar de impedir su incorporación, porque saben que una prueba constituye, efectivamente, un paso de avance en la teoría del Ministerio Público”, enfatizó la fiscal de la Pepca.


El Ministerio Público acusa a los seis encartados en el expediente de incurrir en cobro de soborno, prevaricación, lavado de activos, falsedad en declaraciones juradas de patrimonio, delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.


Esos hechos, de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público ante el tribunal, constituyen una violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

 

Proceso sigue en continuo avance

 

Pese a las constantes objeciones y recursos de oposición a la admisión de importantes pruebas documentales por parte de las defensas técnicas de los encartados, el Ministerio Público continúa avanzando con la incorporación de sus evidencias individuales con las que busca demostrar la participación de cada uno de los imputados. 


El órgano de justicia ha logrado incorporar pruebas de manera específica contra los encartados, quienes hacen uso de su derecho a declarar.


Después de haber iniciado el pasado 8 de enero con la presentación de su oferta probatoria contra los seis imputados, han sido incorporadas al proceso más de mil evidencias, incluyendo pruebas testimoniales y documentales, que demuestran la vinculación de los acusados al entramado de corrupción, indica el Ministerio Público en un documento de prensa.

DGCP inhabilita a 33 proveedores por faltas leves y graves

 


El director de la DGCP, Carlos Pimentel, exhortó a las entidades contratantes a presentar los incumplimientos de los proveedores ante el órgano rector para su investigación y sanción.  


La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que entre el 17 de agosto de 2020 al 11 de mayo ha inhabilitado a 33 proveedores del Estado por causas que van desde falsificación documental hasta incumplimiento contractual.


El órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) precisó que, de estas inhabilitaciones, han sido emitidas 35 resoluciones, 13 ordenando la inhabilitación con carácter permanente y 22 temporales. Entre estos casos, fueron identificados dos proveedores que cometieron faltan paralelas en distintas instituciones, y por tanto fueron sancionados por cada una de ellas.


El director de la DGCP, Carlos Pimentel, exhortó a las entidades contratantes de las distintas instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a informar y documentar los hechos que motiven la solicitud de inhabilitación ante el órgano rector para proceder a su investigación y sanción, tal y como establece el párrafo I del artículo 26 de la referida Ley.


Pimentel reveló que, como una manera de evitar prácticas colusorias y garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado público, el sistema de monitoreo diseñado por la DGCP identificó recientemente a 14 oferentes vinculados a un mismo grupo de accionistas durante un proceso de contrataciones en el que participaron 80 proveedores.

Según el párrafo III del artículo 66 de la Ley 340-06, la DGCP podrá inhabilitar a los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) por un periodo de uno a cinco años, o permanentemente, dependiendo de la gravedad de la falta.


El artículo 28 del Reglamento 543-12 establece lo que se considerará falta leve, grave o gravísima. Es una falta leve y el proveedor podrá ser inhabilitado por un periodo de un año, cuando incumpla con sus obligaciones contractuales para la ejecución de un proyecto, una obra o servicio, renuncie sin causa justificada a la adjudicación de un contrato y cuando presente recursos de revisión o impugnación basados en hechos falsos para perjudicar a un determinado adjudicatario.


En tanto, el artículo 29 establece que entre las causas de inhabilitación permanente en el RPE figuran presentar documentación falsa o alterada; cambiar sin autorización de la entidad contratante, la composición, calidad y especialización del personal que se comprometieron a asignar a la obra o servicios o en los bienes, e incurrir en actos de colusión, debidamente comprobado, en la presentación de su oferta.


También es una falta grave que conlleva sanción permanente el ofrecer dádivas, comisiones o regalías a funcionarios de las entidades públicas, directamente o interpuesta persona en relación con actos atinentes al procedimiento de licitación, o cuando utilicen personal de la institución para elaborar sus propuestas.


Asimismo, obtener la precalificación o calificación mediante el ofrecimiento de ventajas de cualquier tipo, presentando documentos falsos o adulterados o empleando procedimientos coercitivos; celebrar, en complicidad con funcionarios públicos, contratos mediante dispensa del procedimiento de licitación, fuera de las estipulaciones previstas en la ley; obtener información privilegiada de manera ilegal que le coloque en una situación de ventaja, respecto de otros competidores y participar directa o indirectamente en un proceso de contratación, pese a encontrarse dentro del régimen de prohibiciones. 


Carlos Pimentel destacó que cuando las entidades contratantes reportan los incumplimientos y denuncian los actos ilegales cometidos por los proveedores, se contribuye a mejorar la transparencia, la competencia y la equidad en la contratación pública.

 

Agricultura continúa siembra de maíz híbrido para contrarrestar impacto alzas de insumos internacionales

 


SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – El Ministerio de Agricultura a través de la Regional Nordeste inició la primera fase del programa Siembra de Maíz Híbrido en la comunidad de Honduras, Las Guáranas de esta provincia, donde unas 687 tareas de tierra fueron sembradas en beneficio de productores de esa demarcación. 

 

Cumpliendo con la disposición del presidente de la República, Luis Abinader y el titular de la cartera agropecuaria, Limber Cruz, el programa contempla la siembra de 10,000 mil tareas del cereal en varios puntos del país, de las cuales la entidad comenzó la primera fase con cuatro mil 800 tareas y próximamente la segunda fase con cinco mil 200 tareas en esta provincia. 

 

De acuerdo con el director de la Regional, Frank Ventura, con la siembra de maíz, el ministro Cruz busca paliar los efectos de los altos precios de los insumos internacionales que requiere la producción de alimentos de consumo masivo. 

Yeni Berenice: el Ministerio Público se opone a “privilegios irritantes” para mantener bajo arresto a militares y policías envueltos en casos de corrupción


Wilson Camacho resalta que la red desmantelada en el Caso Coral sustrajo fondos públicos que debieron ser usados para mejorar las condiciones laborales de militares y policías que sí brindan un servicio al Estado y a la sociedad dominicana

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana). La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reafirmó este lunes la decisión del Ministerio Público de evitar que se beneficien de “privilegios irritantes” los militares y policías implicados del Caso Coral, enviados a prisión por sustraer del erario millones de pesos que debieron ser destinados a los verdaderos servidores públicos de los cuerpos armados.


“Es una solicitud que la magistrada acogió conforme a derecho”, dijo Reynoso, al referirse al envío de los procesados, encabezados por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.


“La Constitución dominicana no establece que los militares y los policías deben cumplir la medida privativa de libertad en un centro especial”, sostuvo, al responder a los periodistas que preguntaron si los procesados debían ir a un recinto carcelario militar o policial, como el Comando de Operaciones Especiales.


“Nosotros entendemos, en ese sentido, que la jueza (Kenya Romero) dio una decisión conforme al derecho”, dijo la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.


“Si buscamos jurisprudencias y doctrinas comparadas no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad”, indicó.


Sostuvo, además, que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir, “todo acto de corrupción cometido por quien sea”, al referirse a otros implicados en el Caso Coral y que tendrán que enfrentarse a los tribunales en el futuro. 


“El Ministerio Público no va a distinguir, y no puede distinguir, en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límites es la Constitución y las leyes, no hay ningún otro”, enfatizó.


“Esas han sido las instrucciones de la señora procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo, en todos los centros de investigación que tiene, su único límite es la Constitución y las leyes”.

 

De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), llamó la atención sobre el hecho de que el general Cáceres Silvestre y la estructura de corrupción que operó en su entorno sustrajeron fondos públicos que “debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército” y que cumplen con su deber en esos cuerpos de protección ciudadana y seguridad nacional.


“Un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a sus bolsillos”, deploró.


“Ese es un hecho grave en este caso y son cosas de las que el Ministerio Público pretende que con el procesamiento que estamos realizando de estos hechos de corrupción se corrijan con relación al futuro”, añadió Camacho.


Sostuvo que el dinero que los ciudadanos aportan como contribuyentes al erario debe ser utilizado correctamente. “Y el que no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por sus hechos”, dijo.


El titular de la Pepca aseguró que el Ministerio Público sigue trabajando para desmontar completamente la estructura de corrupción enfrentada con la Operación Coral. “Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencias de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos, que, repito, debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército”, sostuvo Camacho.


La jueza Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió el pedimento del Ministerio Público y otorgó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al mayor general Cáceres Silvestre, así como a los imputados Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa.


También, al coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.


En el caso de la pastora deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Los involucrados en el caso, estableció la jueza, presentan peligro de fuga, así como, de trasiego y manejo de información.


En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, guardará la medida de “arresto domiciliario” en una ubicación que el Ministerio Público tendrá conocimiento bajo estricta confidencialidad.


La medida cautelar impuesta será revisada el 10 de agosto de este 2021, conforme al marco jurídico dominicano.


El mayor General Adán Cáceres Silvestre dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que instaló un mecanismo para sustraer fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). 

 

Jornada de inscripción de jóvenes aspirantes al Programa Policía Comunitaria




Este programa es en busca de esos jóvenes que desde sus comunidades andan en pro de sus valores y buena disciplina Ver todos

Las asambleas comunitarias son el resguardo de su legitimidad. La “policía comunitaria” es elegida por esos líderescomunitarios de esos sectores donde se ,esta cuando se requiere, son esos jóvenes que  participan en labores de vigilancia. En situaciones de emergencia, hombres, mujeres, niños que por amor a las buenas costumbres y siciliana se convierten en “Policía Comunitaria”.

 Este programa de reclutamiento converge a menores desde la edad de 10 años hasta los 17 ,Un grupo de aproximadamente 200 niños de entre 10 a 17 años, se integraron este domingo a la jornada de inscripción de la Policía Comunitaria en el sector del Ensanche Luperón de la ciudad capital.

El director general de la Policía Comunitaria, coronel Frank de los Santos en un discurso pronunciado  durante la jornada de inscripción,  instó a esos jóvenes de populosos sectores a evitar la deserción escolar que tanto afecta la sociedad, "con este programa buscamos disminuir potencialmente que los jóvenes llamados Ni Ni, que son aquellos que no estudian ,ni trabajan , ni reciben formación ni tampoco se suman a labores de su  comunidad."

La actividad estuvo encabezada por el coronel Fran de los Santos Encarnación, director general de la Policía Comunitaria, coronel Gabriel García de los Santos comandante del departamento C2 representando al encargado encargado del sector 27 de Febrero, Teresa Frías, presidenta de la Unión de la junta de Vecinos de Villa Juana ,Bélgica Altagracia Pérez encargada del enlace Las Cañitas.

La decisión de integrar a infantes como Policía es por que el mecanismo clave para la consecución de la seguridad ciudadana es la integración de la policía con la comunidad. Es lo que se llama “policía comunitaria” o policía de proximidad.

SeNaSa confirma sus niveles de excelencia; obtiene 100 en la evaluación de transparencia

 



 

Santo Domingo. – El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) obtuvo una puntuación de 100 en la evaluación que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a los Portales de Transparencia de las instituciones del Estado, en cumplimiento a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la información, lo que confirma que la ARS Estatal está cumpliendo al 100% con el ordenamiento de la ley 200-04.

“Esta evaluación que nos otorga un 100% en los niveles de transparencia nos compromete a continuar los lineamientos de nuestro presidente Luis Abinader, de que todas las instituciones públicas sean transparentes en el cumpliendo todas las normas y leyes de rigor en todos los procesos en que la misma está envuelta y dar confianza a nuestros afiliados que somos un ente que trabaja con responsabilidad y seriedad”, manifestó el Dr. Santiago Hazim, director ejecutivo de SeNaSa.

Proceso para lograrlo

Para la evaluación que realiza la DIGEIG se toma en consideración la publicación de los procesos de compras y contrataciones públicas, informaciones financieras, el presupuesto institucional, base legal de la institución, estructura orgánica, Plan Estratégico Institucional, publicaciones oficiales, declaración jurada de bienes.

Además, estadísticas trimestrales, recursos humanos, las memorias institucionales, información básica sobre servicios públicos, los proyectos y programas, las finanzas, el comité de ética, el portal de datos abiertos y correcto funcionamiento y/o desenvolvimiento de las solicitudes hechas a través del portal único de solicitudes de Acceso a la Información. 

La DIGEIG también toma en cuenta la debida publicación de manera transparente y a tiempo en cumplimiento con la ley 200-04 y las diferentes resoluciones emitidas por la DIGEIG como órgano rector.

Logros de SeNaSa

El pasado mes, SeNaSa se convirtió en la única Administradora de Riesgos de Salud (ARS) en recibir el Oro del Premio Iberoamericano de la Calidad 2020 que realiza la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) y la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), en un acto realizado en el Principado de Andorra.


De la misma manera, SeNaSa ha logrado conquistar en el Premio Nacional a la Calidad organizado por el Ministerio de Administración Pública, la Medalla de Bronce, Premio a las Buenas Prácticas, Medalla de Plata, Medalla de Oro y el Premio Nacional a la Calidad.

Mientras que en el 2015 SeNaSa obtuvo la Medalla de Plata en el Premio Iberoamericano de la Calidad.

Dentro de las Certificaciones que la ARS Estatal ha obtenido están: Norma ISO 9001:2011, Norma ISO 9001:2015, Norma NORTIC E1 (Gestión de Redes Sociales), NORTIC A2 (Normativa para la Estandarización de Portales Gubernamentales), NORTIC A3 (Normativa de Datos Abiertos), NORTIC A4 (Normativa de Interoperabilidad), y la NORTIC A5 (Directrices para la Gestión de Servicios Transaccionales).

Asimismo, como una institución que promueva la accesibilidad y la inclusión social, SeNaSa ganando tres reconocimientos, uno de oro y dos de plata.