Por Loida Sánchez
Se cree se trata de un precedente funesto para la lucha anticorrupción
Juez Instructor Víctor Mejía Lebrón que favoreció con un auto de no a
lugar al alcalde de Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez
Grullón y otras tres personas, sobre las cuales pesaban serias
acusaciones por el desfalco de 400 millones de pesos en ese cabildo,
acusaciones sustentadas por el Ministerio Público con diversos
elementos probatorios y auditorias de la Cámara de Cuentas, además de
otros querellantes y actores civiles, incluyendo a varios regidores y
a la Fundación Justicia y Transparencia.
La FJT recordó que las acusaciones que implicaban a Rodríguez Grullón
y otros imputados, incluían el desfalco, robo, falsificación de
documentos, asociación de malhechores, entre otras imputaciones
tipificadas en los artículos 123, 145, 147, 150, 151, 266, 167, 169,
170, 171, 172, 174, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, en
perjuicio del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís.
El presidente de la fundación, Trajano Potentini ya había externado su
queja por el derrotero que se observaba en el juicio, sobre todo con
la decisión arbitraría del Juez Mejía Lebrón, al obligar a las tres
entidades querellantes a unificar su acusación y limitar sus abogados
representantes a solo dos, en una acción violatoria a la constitución
y una especie de crónica de una sentencia anunciada.
Para la entidad de sociedad civil la sentencia del juez Mejía,
constituye un revés y un precedente funesto para la lucha contra la
corrupción, tras anunciar que apelara la decisión, haciendo valer sus
alegatos en todas las instancias y vías posibles, reclamando que de
conformidad con la constitución y el código procesal, este caso se
lleve hasta el final.
Sobre el caso del Senador Félix Bautista
Asimismo la FJT al referirse al caso del senador Félix Bautista
consideró que al margen de los derechos y de la presunción de
inocencia que acompaña a todo imputado y de la monumental sentencia de
más de 600 páginas, lo conveniente para la justicia, la lucha contra
la corrupción y hasta para el propio senador, hubiese sido que se
avocaran a juicio de fondo, donde se le diera mayor profundidad y
discusión a las imputaciones, contribuyendo así a una justicia libre
de tantos cuestionamientos. En suma la entidad cree que ambas
decisiones dejan un sabor amargo en la sociedad dominicana, además de
perder la Justicia Dominicana la oportunidad de profundizar y ampliar
las investigaciones en tan emblemáticos casos.
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