Por: Redacción/Fuente externa
Autora: Margarita Cedeño de Fernández
La pasada semana, el Gobierno que dirige el Presidente Danilo Medina ha hecho entrega de una de sus más importantes realizaciones, quizás la que está cargada de una mayor emotividad y significado, por tratarse de una obra de justicia social hacia miles de familias que vivían, literalmente, al borde del precipicio.
La entrega de La Nueva Barquita pone sobre el tapete el gran trabajo que se ha realizado y el que aún queda por realizar, para cerrar las brechas que en materia de vivienda persisten en la República Dominicana.
En estos 4 años de Gobierno se han construido 62 mil viviendas, en proyectos de gran relevancia como el de La Nueva Barquita, la Nueva Mesopotamia, Concordia y Vistas del Parque, Nuevo Boca de Cachón y Ciudad Juan Bosch.
La Constitución de la República, en su artículo 59, plantea que el Estado “debe fijar las condiciones necesarias” para hacer efectivo el Derecho a la Vivienda, promoviendo “planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social”. Ese derecho que protege nuestra Carta Magna, adquiere carácter de fundamental en la medida en que pueda asistir a personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, la obligación estatal de facilitar el Derecho a la Vivienda se impone en casos como los de las familias que habitaban La vieja Barquita.
La doctrina considera que este Derecho, junto al derecho a la alimentación, conforman el marco indispensable donde el ser humano puede alcanzar un desarrollo individual y social efectivo, ya que le permite satisfacer necesidades biológicas, personales y sociales.
De ahí el carácter multidimensional de este derecho, que se encuentra por primera vez en la historia jurídica en la Constitución de Weimar de 1919, en la que se plantea la “función social de la vivienda”.
Esto así, porque construir o mejorar una vivienda tiene un impacto sorprendente en la disminución de la pobreza. Como lo planteó el Presidente Medina en su discurso de inauguración de La Nueva Barquita, cambiar pisos de tierra por cemento resultaría en una disminución de la pobreza extrema en un 5%, mientras que otorgar viviendas dignas impactaría el indicador de pobreza en un 10%.
En ese sentido, no se puede hablar de la política de vivienda sólo desde el punto de vista de la construcción y la habilitación de medidas que faciliten el acceso de las clases menos pudientes al financiamiento. También debe tratarse a la política de vivienda como una política pública integral, que impacta áreas que van desde el urbanismo, pasando por el agua, la electricidad, la seguridad y la higiene, hasta la atención integral a las familias y sus necesidades.
La Nueva Barquita es el mejor ejemplo de la interrelación de estas políticas sociales. No sólo se ha trabajado en la construcción de las viviendas, como principal solución al problema que se enfrentaba. También se pensó en las condiciones del urbanismo, el acceso a transporte público, a la espiritualidad, a salud de calidad, a la educación y el cuidado de los infantes. De igual forma, en la seguridad, la recreación y las necesidades de capacitación técnico-profesional y tecnológica.
Asimismo, se puso en marcha un programa integral de formación humana, que ahora será profundizado con la implementación de “Progresando Avanzado”, para lograr el desarrollo de capital humano, social y cultural y convertir el proyecto en un modelo de integración social que se pueda replicar en todo el país.
Esto quiere decir que se está aplicando una solución multidimensional a un problema que parecía ser de una sola dimensión: la vivienda.
Sabina Alkire, del Oxford Poverty Human Development Initiativa (OPHI), con quien estamos trabajando la implementación del Índice de Pobreza Multidimensional en nuestro país, ha analizado a profundidad la relación existente entre la variación del indicador de vivienda y su impacto en los demás indicadores, incluyendo el bienestar general de las personas.
La relación es indudable. Trabajar por más y mejores viviendas, desde un punto de vista de integralidad de las políticas sociales, es una apuesta segura para la construcción de una sociedad cohesionada con justicia social que se traduzca en un mejor país.
En consecuencia, el Gobierno dominicano, de la mano con las instituciones del sector privado que agrupan a las constructoras de viviendas con fines sociales, tenemos la obligación de establecer mecanismos legales y normativos que contemplen el factor multidimensional, al momento de concebir sus proyectos, de manera que las construcciones no solo aporten a poner fin al déficit habitacional existente, sino que también impacten en indicadores de educación, salud, acceso a servicios y empoderamiento de los derechos que asisten a los dominicanos en este Estado Social y Democrático de Derechos.
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