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Investigarán funcionarios que no hayan entregado sus declaraciones juradas de bienes por presunto enriquecimiento ilícito

Por Redacción

Investigarán funcionarios que no hayan entregado sus declaraciones juradas de bienes por presunto enriquecimiento ilícito
Resultado de imagen para Investigarán funcionarios que no hayan entregado sus declaraciones juradas de bienes por presunto enriquecimiento ilícitoSANTO DOMINGO. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que serán investigados por presunto enriquecimiento ilícito todos aquellos funcionarios públicos que no hayan presentado sus declaraciones juradas de bienes, en franca violación a la Ley 311-14, advirtió.

Explico a la ves, que los funcionarios que no puedan justificar su fortuna, serán despojados de sus bienes y aclaró ademas que de igual forma se decomisarán los bienes a familiares de funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad.

“Serán citados para iniciar la investigación en torno a ellos (los funcionarios omisos)”, dijo tajante el jefe del Ministerio Público cuando recibió el listado de los servidores públicos que no realizaron sus respectivas declaraciones juradas, cuyo plazo venció el pasado 8 de julio, a las 4 de la tarde.

"Serían citados para investigación aquellos funcionarios que fueron removidos del cargo hacia otra posición, o que en su defecto hayan quedado sin funciones".

Afirmó que el proceso investigativo se llevará a cabo en cumplimiento de lo que dispone el artículo 19 de dicha ley,  la 311-14, del 8 de agosto del 2014.

Asimismo, el funcionario también informó que serán investigadas las declaraciones de bienes realizadas, para determinar la veracidad de las mismas y también para determinar posible falsedad en escritura o fraude sobre una declaración jurada de patrimonio.

"Si se detecta falsedad en los datos suministrados, las sanciones establecidas son de uno a dos años de prisión, así como una multa correspondiente a entre 20 y 40 salarios mínimos".

Indicó que si se determina enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, los responsables pudieran enfrentar condenas de cuatro a diez años de prisión, así como una multa equivalente al duplo del incremento y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez años.

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