DENUNCIA
Aseguran los consumidores de RD están desprotegidos
Por: Redacción/ Fuente externa
SANTO DOMINGO.-Los abusos de poder, cancelaciones, degradación, renuncia por presión y atentado a los derechos y la dignidad de las personas de los servidores de PRO CONSUMIDOR constituyen el pan nuestro de cada día.
Al día de hoy, centenares de expedientes de consumidores esperan por alguna solución en una institución pública en la cual las improvisaciones de la Dirección Ejecutiva y de su anillo no permiten que el día a día fluya, pues durante estos siete meses de Gestión más del 90 por ciento de sus servidores ha sido trasladado de departamento, cancelado, degrado o se han visto forzados a renunciar, creando una situación de incertidumbre en el servicio.
Con un Consejo Directivo que en términos legales cesó en sus funciones en diciembre de 2015, pero que en modo alguno cuestiona las acciones de la Dirección Ejecutiva (pese a que la función de esta última es de Secretaria sin derecho a voto ante el Consejo), la nueva incumbente de PRO CONSUMIDOR, en franca violación al mandado de la Ley 358-05 no se ha animado en crear las condiciones para escoger la nueva que deberá ser enviada al Poder Ejecutivo y que se elija un Consejo Directivo que marque un nuevo rumbo en el accionar de la otrora institución garantista de los derechos económicos de la población.
De acuerdo con un Documento de Prensa, en PRO CONSUMIDOR se ha violado la Ley 41-08 de Función Pública, la propia Ley 358-05 de Protección a los Consumidores; la Ley 107-13 que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública y la Constitución de la República en un denominado Estado constitucionalizado llamado a respetar las mínimas garantías de derechos.
Según se informó, la Dirección Ejecutiva de PRO CONSUMIDOR se torna exigente y altera los horarios de labores de los empleados con improvisadas reuniones después de las 4:00 de la tarde para colocarlos en situación de presión hasta hacerlos renunciar, ocasión que aprovecha para nombrar a sus acólitos, quienes llegan a improvisar a la entidad estatal.
De acuerdo con el Documento de Prensa, el irrespeto a la dignidad humana ha llegado tan lejos en PRO CONSUMIDOR que tres reputados profesionales en Ciencias Químicas que anteriormente ofrecían importantes servicios institucionales o han sido degradados o colocados en una oficina sin funciones, un tipo de aislamiento que aquel que lo resista y no renuncie terminará con algún problema de salud mental similar a los internos del “sistema penitenciario celular o filadélfico”.
Se trata de una práctica que a todos luces provocará la renuncia del servidor, en una franca modalidad de “Tortura de Siglo XXI” en el Estado dominicano.
Intereses
Se supo que algunos servidores fueron cancelados y otros pertenecientes a la Carrera Administrativa forzados a renunciar por haber barajado la tesis de que la Dirección Ejecutiva de PRO CONSUMIDOR en tanto persona física observa un comportamiento pasible de ser sometida a un proceso de interdicción ante un juez, mientras que otros aseguran que “ese comportamiento de crear el caos” ha hecho que el espíritu de servicio institucional se pierda”, mientras nadie habla de proteger a las amas de casa y a los consumidores y usuarios de gas licuado de petróleo como ocurría antes.
“Yo no vine aquí a esta Institución a enfrentar a ningún sector poderoso ni a pelearme con empresarios por defender a nadie, yo vine a hacer una labor para ayudar al gobierno de Danilo Medina”, fue la repetida frase en todo el mes de enero y mediados de febrero del 2016 de la incipiente Directora Ejecutiva de PRO CONSUMIDOR en varias reuniones, en alusión indirecta a los servidores para que bajen la guardia en el cumplimiento de su deber frente a proveedores y comerciantes.
Pese a los operativos fantasmas y exclusivos a incautar leche y sus derivados, los consumidores, amas de casa y usuarios de servicios dominicanos se encuentran desprotegidos, a siete meses de una gestión en PRO CONSUMIDOR cuya Dirección Ejecutiva se ha centrado en desarticular todo proceso y procedimiento tendente a hacer cumplir la Ley 358-05.
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