LIMA, Perú.- República Dominicana fue admitida como el país número 50 en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).
EITI es un organismo con sede en Londres que obliga a sus integrantes a adoptar las mejores prácticas en la administración de los fondos provenientes de la minería.
En un plazo de 18 meses, República Dominicana podrá ser declarado “país cumplidor”, luego que presente su primer informe sobre seguimiento y aplicación de las normas de EITI, coalición mundial de gobiernos, industria y sociedad civil que busca promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Por primera vez en América Latina
La decisión fue anunciada en la capital peruana en el marco de la Séptima Conferencia Mundial de EITI que, por primera vez y durante esta semana, tiene lugar en un país de América Latina, con la participación de más de 50 delegaciones de naciones adscritas a la entidad y postulantes de candidaturas.
El Consejo Mundial de EITI comunicó la admisión del país caribeño en presencia del ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, una corta delegación oficial que le acompaña, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de empresas extractivas, como Participación Ciudadana, Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), Barrick Pueblo Viejo y Falcondo.
Iniciativa para el cambio
“Para la República Dominicana y su Gobierno –encabezado por el presidente Danilo Medina Sánchez-, la sociedad civil y las industrias extractivas, es un altísimo honor la acogida de nuestra solicitud para formar parte de esta iniciativa, que desde los albores del siglo 21 impulsa un cambio radical en la relación Industria Extractiva-Gobierno-Sociedad con la transparencia como base fundamental”, dijo Isa Conde.
El funcionario expresó que el país asume el reto de trabajar para ser declarado “país cumplidor” de EITI y “una vez alcanzada esa meta, mantenerla en el tiempo sin desmayar ni claudicar respecto a la transparencia como práctica arraigada e irrenunciable, de cara hacia una gestión pública eficiente, justa y creíble en la administración de la riqueza proveniente del subsuelo”.
Transparencia, apertura y rendición de cuentas
Isa Conde comentó que la vía más idónea para conferir a la minería carácter de sostenibilidad, legitimidad social y facilidades para el saldo de los pasivos ambientales es la gestión transparente, abierta y apegada a la rendición de cuentas de los recursos monetarios derivados de la industria extractiva.
En el evento mundial participan, además, representantes de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, Transparencia Internacional, así como Oxfam, GIZ, reconocidas agencias de cooperación y entidades gubernamentales de los diferentes países.
“Este es un momento histórico para nuestro país, porque marca el inicio de una ruptura de gran calado para transformar una cultura de explotaciones mineras, que viene desde que fuimos colonia, dominada por la opacidad en el uso de los recursos generados por la industria extractiva,” subrayó Isa Conde.
Desarrollo sostenible
Sostuvo que, afortunadamente, esa realidad está cambiando, sobre todo desde agosto de 2012 con la llegada al poder del presidente Danilo Medina y su programa de gobierno, el cual parte de una visión de desarrollo sostenible, que deberá seguir en el tiempo bajo el principio de continuidad del Estado.
La admisión del país en la EITI se produce luego de meses de trabajo de la Dirección Internacional del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional para la citada iniciativa, cumpliendo los requisitos establecidos en el estándar mundial creado en el año 2003.
Acerca de EITI La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar internacional que promueve la rendición de cuentas de las industrias extractivas, de forma que los ingresos que genera este sector se gestionen de manera transparente para impulsar el crecimiento económico dirigido al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza.
A través de este mecanismo los países deben revelar públicamente los pagos que las empresas extractivas hacen a los gobiernos, reconciliados con los recibos de ingresos declarados.
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