SANTO DOMINGO.-El juez de Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía, varió anoche la medida de coerción impuesta a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y al renunciante magistrado Francisco Arias Valera, disponiendo que ambos guarden prisión domiciliaria, sometidos bajo la vigilancia del Ministerio Público.
El magistrado adoptó la decisión, tras acoger una solicitud de revisión de la medida de coerción presentada por los imputados, a través de los abogados Carlos Balcácer y Harold Echavarría, tras señalar que los mismos han presentado documentos suficientes que demuestran la existencia de arraigo.
Aduce el juez en su sentencia, que al momento de la imposición de la medida de coerción consistente en prisión preventiva a los imputados le fue endilgada la violación de la Ley de lavado de activos 72-02, sin embargo luego de presentada la acusación le fue excluida esa calificación.
Indicó que no fue demostrado que los imputados pertenecieran a una red criminal, según se advierte en el escrito de acusación y solicitud de juicio preliminar presentado por el Ministerio Público cuya audiencia fue fijada para el 12 de este mes.
Caso militares
El Tribunal de Atención Permanente impuso ayer también un año de prisión preventiva como medida de coerción a seis de siete militares acusados de ingresar al país unas 220 armas de fuego con apariencia lícita.
Según un comunicado de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, la medida fue dictada por el juez José Gregorio García contra los militares Bienvenido Cordero Batista, General de Brigada Paracaidista FARD, director General del Material Bélico del Ministerio de Defensa; Félix Francisco Pérez Artilles, Teniente Coronel del ERD, Encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico; Esteban Marrero Ruiz, Mayor del ERD, enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía. También a Francisco Mercedes Medrano, Capitán del ERD; José Miguel Torres Rodríguez, primer teniente de la PN, y Pedro Manuel Guzmán Escarramán, Coronel del ERD.
En cuanto al imputado Edwin Rafael Almonte, primer teniente del ERD, fue aplazada la coerción porque sus abogados recusaron al juez.
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