Feministas, juristas y religiosos tienen posiciones encontradas sobre la decisión del Tribunal Constitucional que se lleva el consenso buscado por años
Aunque hasta ayer no se había hecho público el texto completo de la decisión, la Secretaría del Tribunal comunicó la medida, tomada tras las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Fundación Justicia y Transparencia, la Fundación Transparencia y Democracia y la Fundación Matrimonio Feliz, contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la ley, que tratan sobre la interrupción del embarazo.
“Esta decisión retrotrae el análisis del enfoque de derechos al enfoque del siglo XIX. Estamos asombradas, es increíble que el Tribunal Constitucional haya tomado una decisión de esa naturaleza sin considerar las particularidades que habían sido presentadas en el proyecto e incluso las recomendaciones del Poder Ejecutivo”, dijo ayer Lourdes Contreras, coordinadora general del Centro de Estudios de Género del ÍNTER.
Para hoy, el Foro Feminista tiene programado reunirse a las 11:00 a.m. para analizar la decisión y determinar las acciones para continuar exigiendo en diferentes escenarios, tanto públicos como privados, la despenalización del aborto.
La reforma al Código Penal se discutió por más de una década. El artículo 110, uno de los impugnados, establece que “la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible”.
Además, que “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley”.
Durante las discusiones de la reforma, las iglesias Católica y Evangélica mantuvieron su postura de rechazar el aborto en todas sus circunstancias.
Ayer, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo, consideró el fallo del Tribunal Constitucional “como la decisión judicial más importante en las últimas décadas”.
“El nuevo Código Penal tal como estaba era violatorio a la Carta Magna que defiende el derecho a la vida desde la concepción, y que fue promulgado y aprobado por presiones de organismos internacionales y sus socios dominicanos”, afirmó.
Otras posturas sobre la decisión
Ramón Antonio Veras (Negro), jurista: “Desde el punto de vista legal, constitucional y procesal, la decisión del Tribunal Constitucional es correcta, pero para la sociedad dominicana es otro rudo golpe contra sus aspiraciones de que funcione una justicia amparada en el imperio de la ley y la equidad. El nuevo código anulado contenía una serie de disposiciones que venían a adaptarse a los nuevos tiempos como son la figura del sicariato, la ampliación de las penas a 40 años y el cúmulo de penas que irían a fortalecer el sistema penal dominicano. Lo peor de todo es que esa anulación ha ocurrido en una época en que el sistema judicial del país está sometido al mayor escándalo que ha ocurrido en toda la historia de la judicatura nacional”.
Magaly Pineda, directora del CIPAF: “Sabiendo la cabeza que tiene el Tribunal Constitucional, que es una persona que responde a los intereses de la Iglesia Católica, podríamos decir que se tenía algún temor”.
Cándido Simón, Foro de Juristas para la Democracia: “Un grupo de abogados articulados había advertido (en noviembre de 2014) a los legisladores y el Presidente de la República sobre las fallas constitucionales del anulado Código Penal. En esa ocasión advertimos que en el proyecto el legislador asumió el incremento de las penas como disuasivo de la criminalidad que es inconstitucional (...), la reincidencia como agravante, violatorio de la dignidad humana por sancionar el aborto por violación, tara congénita por embarazo del padre o un hermano y por malformación no vital del feto”.
Blas Santana, exprocurador general de la Corte del distrito judicial de Santiago: “Los delincuentes deben estarse frotando las manos con esa anulación. Lo que debió cuestionarse fueron los artículos que hablan sobre el derecho a la vida y el aborto, pero no eliminarlo todo. El código anulado venía a fortalecer el accionar del Estado contra los ejecutores de las acciones delincuenciales, entre ellas el aumento de las penas y la acumulación de las penas”.
Sonia Vásquez, representante de la UNFPA: “Es un retroceso y una violación de los derechos humanos ya conquistados. Esto viene a aumentar la mortalidad materna en el país, cuya esperanza de reducción era ese Código Penal”.
Lilliam Fondeur, directora de Materno Infantil y Adolescentes de Salud Pública: “Con esto están reafirmando la visión machista y patriarcal que no termina de visibilizar a las mujeres como personas que tienen derecho a una vida digna. Hay 17 muertes maternas (por abortos inseguros) que no tendrían que estar y no podemos, en nombre de Dios, matar mujeres”.
Hugo Núñez, miembro de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados: “Es correcta la decisión del Tribunal Constitucional. Hasta que no se modifique el artículo 37 (de la Constitución), que contempla la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción, el problema del aborto no quedará resuelto ya que no se podría incluir ni siquiera el aborto terapéutico”.
Diario Libre
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