SANTO DOMINGO.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), exigió de las autoridades de control y fiscalización de las finanzas públicas del Estado, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Dirección General de Contrataciones Públicas, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y Ministerio Público, salir al frente y disponer las investigaciones de rigor en el traspaso de las cuestionadas obras de construcción y remodelación de 56 hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
El Director Ejecutivo de la entidad de sociedad civil, Lic. Miguel Reyes Taveras apuntó que la contratación y ejecución de las referidas obras han sido abiertamente cuestionadas, y se ha demostrado que algunos de los adjudicatarios se encuentran en el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, previsto en el artículo 14 de la ley de Compras y Contrataciones, y otros tienen un objeto social incompatible con el contractual.
Reyes advirtió que las contrataciones bajo cuestionamientos se realizaron luego de declararlas de urgencia, una modalidad que por su celeridad y carencia de formalidades se presta para la violación de las estipulaciones de la ley 340-06 y su reglamento de aplicación.
La entidad de sociedad civil se hizo eco de las informaciones servidas por el periódico Diario Libre que dan cuenta de que algunos de los beneficiados en el concurso de urgencia que convocó en 2013 el entonces ministro de Salud, Freddy Hidalgo, aparecen en las nóminas de instituciones del Estado, incluida una persona que, en la actualidad, es parte de un expediente por corrupción pendiente de decisión en los tribunales.
Luis Rafael Sánchez Esteva quien se desempeña como director de Cubicaciones del Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad), resultó agraciado con un contrato de RD$44, 901,946.68 para la reparación y mantenimiento, construcción de laboratorios y dos consultorios en el hospital municipal de El Almirante, en Santo Domingo Este.
Otro que aparece en nómina, pero ya como pensionado lo es el señor José Antonio Pérez Jiménez, quien figura desde el 2012, en un expediente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) por un supuesto desfalco contra el Estado de más de RD$1,500 millones, Jiménez ganó el contrato para la reparación general del hospital provincial Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, por un monto de RD$46, 297,121.22.
También resaltó la referida investigación periodística el caso para la reparación del hospital de Nisibón, en La Altagracia, el agraciado resultó ser el señor Félix Miguel Núñez Encarnación, con un contrato de RD$50, 367,867.51., empleado hasta el 2013 en el Ministerio de Obras Públicas, como supervisor en la sección de tramitación de planos, en San Francisco de Macorís.
Asimismo, el abogado y activista social reveló que dicha entidad solicitará al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en virtud de la ley de acceso a la información pública, la entrega de los contratos y los pagos realizados a las empresas contratistas, además apoderará a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección General de Ética y la Contraloría General de la República, para que realicen las investigaciones de lugar e impongan las respectivas sanciones.
Finalmente la entidad de sociedad civil le recomendó y advirtió a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que al recibir el traspaso de los 56 hospitales de salud pública, exija un inventario auditado e investigado sobre la ejecución de las obras, puesto que de lo contrario estaría cargando con todas las irregularidades y violaciones a las leyes en que se hayan incurrido hasta la fecha.
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